Ni Poder, ni Judicial, ni nuestro

Paso por la inmensa pena de anunciarles que el Poder Judicial ha muerto.

Ha muerto para el soberano llano y plano.

Y Montesquieu, su inspirador, y nosotros, sus beneficiarios, lo sentimos y lloramos.

Ha muerto reconfortado, maquillado y embalsamado por los únicos que le sobreviven: sus fantasmas, los mismos que le arrancaron el alma de cuajo.

Según el acta de defunción, desde hace mucho tiempo venía malito de su órgano capital, la dignidad, hasta que no aguantó más sin ella y expiró.

Parece que, al ramificarse a lo profundo del sistema judicial, la metástasis se encargó de necrosar sus demás signos vitales: de independencia, legalidad, imparcialidad, probidad…  

Hasta dejar la justicia ciudadana e institucional en el más histórico, absoluto y condenable desamparo.

Han matado la esencia del Poder Judicial aquellos que día a día le ponen gatillo y cañón a la ley.

Aquí estamos ahora los rasos, a nuestra deriva, mientras sus inquilinos gozan de la bacanal a toda llama.

La sola ambición desenfrenada de magistrados ávidos de privilegios vía influencias, guiños y favores fue ya motivo suficiente para herir de muerte al sistema judicial.

En lo presupuestario, devastador: duplicándose salarios, recetándose pensiones descomunales, elevándose las prestaciones a niveles faraónicos, jubilándose a los cincuenta y piquito de edad…

Tan insaciables, que una vez llegaron a incluir sus propios salarios de magistrados en las discusiones relativas a los aumentos de la alta gerencia administrativa.

¿Qué han hecho ellos por la patria para autorrecetarse semejante lujo y boato, lesivos a la majestad de la justicia?

¿E insultantes para este pueblo noble, sacrificado y trabajador?

Ni siquiera atender bien la judicatura al írseles la vida indiferentes a la calidad, rendimiento y excelencia del Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia.

Entendiendo por atender bien la magistratura, reducir la lentitud y hasta parálisis en los procesos, la mora judicial, la falta de controles internos, la sobrepoblación de funcionarios, la adiposidad burocrática, la legislación obsoleta y las piñatas intramuros.

Pero no; lejos de ello, aquerenciados en su nube de placer, tampoco han tenido nunca ni la hidalguía ni la transparencia de rendir cuentas sobre sus actos de cara al pueblo y mirándolo a los ojos.

Cuesta creer, de verdad, que no haya habido nunca un solo magistrado, juez o ser viviente dentro de esas paredes comprometido con su patria para golpear la mesa y denunciar el dantesco cuadro de nuestra tragedia judicial.

Tanto reclamar y exigir respeto a la independencia de poderes para que, al final, sean ellos mismos los primeros en provocar que esta se viole al aceptar ser elegidos vía cheque en blanco o compadrazgo político.

Entregándose al cálido regazo del Poder Legislativo para que este los nombre en sus cargos a perpetuidad, a cambio de silencios cómplices, perdones mutuos y conciencias con tarifa.

Toda una aberración dentro de la administración de justicia que, por arrastre, se trae abajo lo demás, desde la sana selección de magistrados hasta la idónea formación y nombramiento de jueces.

Es decir, la vieja consigna política del «tú me das, yo te doy», en todo su esplendor, entre magistrados, diputados y gobernantes tradicionales cuya larga cola se pierde de vista.

¿Queda, entonces, alguna duda de quiénes le abrieron la puerta a la casta política y económica para que vandalizara nuestro máximo templo de justicia, diosa incluida?

¿Cuántos políticos liberacionistas hemos visto tras las rejas a lo largo de 50 años de estafas, malos manejos, codesas, coimas, trochas, alcateles, acosos sexuales, cochinillas, aztecazos, diamantes, sorescos, cementazos, aldesas…?

Un claro rastro de que la docta magistratura está en el ojo de la tormenta no solo ante la creciente inseguridad del país, sino como caldo de cultivo de la más escandalosa corrupción institucional jamás vista aquí a todo nivel.

Donde es normal ver criminales, narcotraficantes y delincuentes a la libre por la «puerta giratoria», diabólicos fugitivos a la sombra de intereses inconfesables y hasta fiscales intocables nombrados por la divina providencia.

Donde es normal escuchar los «no se puede» contra proyectos para el desarrollo y bienestar de los costarricenses, para actualizar la legislación que fortalezca la seguridad pública, para eliminar las pensiones de lujo…

Donde es normal, incluso, sepultar en denuncias, cargos y demandas sin consistencia probatoria, cuando no de pasear en «perrera», a todo aquel que ose criticar, retar o señalar con el dedo los desenfrenos de los sagrados ilustrísimos y honorabilísimos.

De ahí la orfandad jurídica a la que los magistrados nos han reducido; de ahí la total pérdida de credibilidad y confianza a su labor e investidura; de ahí el repudio e indignación hacia ellos por parte de la población.

Este desplome del Poder Judicial como faro de la justicia y la ética encarna, en realidad, el ocaso de la institucionalidad toda, urgida de un exorcismo que le devuelva al ciudadano sus derechos, libertades, seguridad y bienestar.

La vuelta de tuerca está en nuestras manos, en las del pueblo, y nadie mejor que nosotros para darla con el lapicero del cambio y la tinta del ¡Fuera la dictadura! en febrero de 2026.